AL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES Y A LA CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Madrid en Transporte Público somos una plataforma ciudadana compuesta por colectivos sociales, sindicales, vecinales, ecologistas, políticos… y personas a título individual unidos con el fin de defender un transporte público colectivo de calidad, que atienda a criterios de sostenibilidad ambiental, de justicia social y equilibrado financieramente. Por este motivo defendemos el derecho a la movilidad de todas las personas, especialmente de aquellas desempleadas, sin prestación social o con recursos económicos escasos.
Desde nuestra constitución hemos defendido la necesidad de un nuevo título de transporte, un Abono Social, para todos los colectivos que carecen de empleo y de prestación social o tienen empleos precarios, sobre todo después de las espectaculares subidas de tarifa que se han producido en los últimos años. De cara a las elecciones municipales y autonómicas llevamos esta reivindicación a los partidos políticos que la acogieron favorablemente.
Cristina Cifuentes, elegida presidenta de la Comunidad de Madrid, prometió incorporar un abono social a los títulos de transporte ya existentes para los desempleados de larga duración, que se pone en marcha el 15 de noviembre de 2015.
Hoy, 5 meses después de aquello, nos vemos obligados a denunciar la irrelevancia de la medida, que ha resultado totalmente electoralista y falsa. En el momento de iniciarse el Servicio Estatal Público de Empleo consideraba desempleados de larga duración 395.400 personas. Sin embargo, el Abono Social de Cifuentes se ha reducido a las personas acogidas al «Programa Activación para el Empleo» que en noviembre de 2015 se reducía a un colectivo de 4.132 personas, debido a los exigentes requisitos que se reclaman para acogerse a este programa y cuya duración se reduce a 6 meses. En la actualidad, solamente “disfrutan” de este abono social ¡¡unas 600 personas!! Cuando desde el gobierno de la Comunidad estimaban en 10.000 el número de beneficiarios, con un coste de 660.000 euros.
No hay que olvidar que la crisis económica y la austeridad que sufrimos desde 2008 han provocado un empobrecimiento general de los sectores populares. El paro, la reforma laboral y los recortes han repercutido en un empeoramiento de las condiciones de la gente al tiempo que unos pocos salían beneficiados por unas políticas diseñadas por y para ellos. En la Comunidad de Madrid, los niveles de pobreza, paro y precariedad han aumentado notablemente. Además, cuando se ha hecho bandera de la CAM como modelo de la recuperación económica y la creación de empleo, siempre se ha obviado que la mayoría de puestos de trabajo generados son precarios y con salarios de miseria. Esto ha generado una realidad cada vez más común: la del trabajador o trabajadora que no puede llegar a fin de mes, y no digamos pagarse el abono transporte.
En este contexto de pobreza y precariedad crecientes, el transporte público se vuelve aún más fundamental si cabe para luchar contra la desigualdad social y para garantizar unas condiciones de vida dignas para toda la ciudadanía. Moverse libremente es un derecho fundamental que sólo puede ser garantizado mediante un sistema de transporte público accesible para todo el mundo. Sin embargo, en una región como Madrid con capacidad de sobra para garantizar los derechos básicos de toda la población, las tarifas de un servicio esencial como es el transporte no han hecho más que aumentar, al tiempo que la capacidad de la gente para poder permitirse pagarlas se ha resentido gravemente, convirtiendo el abono transporte en algo prohibitivo. Además, desde 2012 se han realizado sucesivos recortes en Metro, EMT y Renfe, deteriorando de forma notoria la calidad de este servicio esencial. Por ejemplo, desde octubre de 2012 el Consorcio de Transportes disminuyó en un 14% los trenes en circulación en el Metro, lo que se ha traducido en más esperas y peores servicios. Por otro lado, el mantenimiento de la calidad del servicio ha incidido en unas peores condiciones de trabajo para los y las trabajadoras que se han echado y se echan cada día sobre los hombros una carga que no les corresponde. Por si fuera poco, este empeoramiento del servicio desincentiva gravemente el uso del transporte público en favor del coche, aumentando la congestión diaria de nuestra región y aumentando la contaminación atmosférica en un momento en el que nos lo jugamos todo por el clima.
Por todo ello desde la plataforma Madrid en Transporte Público exigimos que se garantice el derecho a la movilidad en un sistema de transportes limpio, accesible y de calidad. Para ello la Plataforma pide:
- Un Abono Social de transporte que responda a las necesidades de los diferentes grupos sociales, para que nadie, independientemente de su situación económica o laboral (desempleados, trabajadores precarios o personas sin recursos, entre otros) tenga que prescindir de este derecho; particularmente para el colectivo de desempleados y desempleadas de larga duración que ya no recibe prestación y que entendemos que tendría que tener acceso gratuito al transporte en la CAM.
- También exigimos revertir los recortes que se han producido durante los últimos años y la mejora de la calidad del transporte público.
- Y, por último, reclamamos apostar por un modelo de movilidad y de ciudad sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
Una vez más, la ciudadanía sufre las consecuencias del juego político y utiliza nuestras necesidades, respecto a la movilidad, como moneda de cambio: asfixiar a EMT, supone desprestigiar la imagen del Ayuntamiento de Madrid, por quien está gestionada, en cambio aumenta en mayor medida el Metro así como los operadores de transporte privados (Metro ligero y autobuses periféricos) ya que dependen directamente de la CAM.
Muévete por el Transporte Público 